Inicialmente, la medida enfrentó la oposición de organismos defensores de los derechos humanos y de algunos abogados de oscuro pasado. Sin embargo, aunque de cuando en cuando surgen nuevas protestas, desde que Acemilán instaló un sistema de francotiradores en las azoteas de los edificios públicos, la incidencia de hechos delictivos prácticamente ha desaparecido.
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